Plataforma Cero
Publicación Mensual
Año 15 | Número 190 ABR 2019

Hola amigos!


Calentito se presentó el otoño argentino, no? Es que los ladrones, los que aun están sueltos y los presos, están urdiendo planes maestros para derribar las instituciones como la judicial, que sigue investigando los casos de corrupción durante el pasado gobierno kirchnerista. De estos movimientos participa la militancia amiga que les queda en puestos clave y el dinero robado al Estado que no ha sido alcanzado por los embargos judiciales.

Por la forma en que se manejan, hay mucho, mucho dinero circulante que están usando para financiarse dentro y fuera del país, tal como bien señaló la Dra Silvina Martinez en el programa 4 Dias de A24 TV al mencionar los frecuentes viajes de Florencia y Cristina Kirchner a Cuba, y los de otros ex dirigentes k al exterior con frondoso prontuario de corrupción. Nadie los ataja, nada los para. Ciertamente, Argentina no tendrá una situación económica sostenible mientras no se limpie la corrupción monumental que dejó el gobierno kirchnerista y se recupere parte de lo robado porque el resto, está en manos de testaferros.

Ah, pero sus torpezas los muestran tal cual son. Los presidentes de los bloques de Unidad Ciudadana en Diputados, Agustin Rossi, y de Senadores, Marcelo Fuentes, -afirma un comentario de internet- le pidieron al procurador bonaerense Casal la suspensión de Stornelli. El Poder Legislativo no tiene facultades para hacerlo y menos los presidentes de los bloques. Solo muestra la desesperación con que se mueven antes de que se les caiga todo.


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Maria Josefina Ramos

La lucha contra la corrupción, único contrato social possible
Editorial de La Nacion
27-03-2019


Ni la pacificación ni la superación de la llamada grieta se lograrán con amnistías a los representantes de un gobierno de ladrones y a sus cómplices. Las declaraciones del excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, que trascendieron en el marco de la causa judicial derivada de los cuadernos de las coimas del chofer Oscar Centeno, conmueven e indignan. Reflejan la desfachatez y la sensación de impunidad con que actuaron el matrimonio Kirchner y sus colaboradores para enriquecerse patrimonialmente y lavar dinero obtenido mediante un sistema de recaudación ilegal. El contador, aceptado como imputado colaborador por el juez Claudio Bonadio, hizo directa referencia a la expresidenta Cristina Kirchner, dio a entender que esta tenía conocimiento del dinero que manejaba el secretario de su esposo, Daniel Muñoz, y explicó la forma en que creció el patrimonio de la familia presidencial, brindando detalles de los alquileres de hoteles de los Kirchner a empresas que eran concesionarias del Estado en obras públicas.

Entre sus más sorprendentes afirmaciones, Manzanares destacó que cuando Néstor Kirchner falleció, en 2010, Muñoz fue el último en llegar a El Calafate y que "llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba dinero". Manifestó también que cuando falleció Muñoz, la expresidenta dijo: "Menos mal que se murió", en el sentido de que parte de sus secretos habrían quedado a resguardo. También se refirió a operaciones dirigidas a lavar dinero. Entre ellas, la creación de "una usina para lavar dinero, aprovechando la legislación de Tierra del Fuego", a través de un restaurante y de una cadena de farmacias, adquiridos con dinero que Muñoz llevaba a Santa Cruz y que era producto de las coimas recaudadas.

Ante la enorme cantidad de elementos que dan cuenta de una matriz de corrupción que terminaba en los bolsillos de altos funcionarios públicos, con la complicidad de numerosos empresarios que aportaban coimas financiadas con sobreprecios en obras públicas que terminaba pagando la ciudadanía, llama la atención que algunos dirigentes comiencen a abogar por amnistías para los procesados. Ni la pacificación de los espíritus ni la superación de la llamada grieta se lograrán amnistiando a los representantes de un gobierno de ladrones y a sus cómplices del sector privado. Lejos de generar un clima favorable a las inversiones, cualquier decisión política de esa naturaleza resultará incompatible con las condiciones que la Argentina requiere para el crecimiento económico. La auténtica grieta no se resolverá con la libertad de los corruptos, por cuanto la división que enfrenta a los argentinos es entre quienes defienden el prebendarismo y quienes aspiran a vivir en una república en la que reine la transparencia y no exista el capitalismo de amigos.

La dirigencia argentina, y en especial los políticos que aspiran a mantener u ocupar cargos tras las próximas elecciones, deben saber que el único contrato social posible pasa por una firme vocación por la lucha contra la corrupción. La expresidenta Cristina Kirchner suma ya diez procesamientos, en cinco de los cuales tiene pedidos de prisión preventiva, que no cumplirá merced a que se ampara en sus fueros de senadora nacional. Una prerrogativa absurda, ya que los fueros parlamentarios fueron pensados para que ningún legislador nacional sea perseguido por sus opiniones en ejercicio de su cargo, y no para garantizarle a alguien impunidad frente a cualquier delito. Es bueno recordar que Néstor Kirchner, en 2009, se pronunció en contra del inadecuado uso de los fueros parlamentarios, cuando, en referencia al entonces diputado nacional Francisco de Narváez -víctima de una soez operación judicial-, concluyó que "es hora de que la dirigencia política deje de lado los fueros y rinda cuentas permanentemente cada vez que es citada ante una intervención de la Justicia".

Más aún, la propia Cristina Kirchner alguna vez, allá por 1996, siendo senadora, se declaró en contra de esos fueros a los que actualmente se aferra para no ir presa. Fue cuando se pronunció en favor de quitárselos a su par Eduardo Angeloz, que era investigado por la Justicia. Pocos años después, en 2001, cuando la Cámara alta discutía si el correntino Raúl Romero Feris debía integrarse al cuerpo pese a estar procesado, la entonces senadora afirmó: "Incorporar a un ciudadano [al Senado] con múltiples procesos, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública, agregaría un escándalo difícil de superar y heriría de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución con la sociedad". Queda visto que, además de todos sus comportamientos reñidos con la ley y con la ética que debe imperar en la función pública, la expresidenta ni siquiera evidencia coherencia moral. (lanacion.com.ar)


No hay desarrollo económico posible con corrupción
Roger Calles y Diego Serebrennik para La Nacion
23-03-2019


No hay suficiente conciencia en nuestra sociedad acerca del impacto que provoca la corrupción en nuestra economía; esta toma de conciencia es absolutamente necesaria para que se produzca un verdadero cambio en nuestra sociedad. Desde hace mucho observamos con profunda desconfianza el estado de los contratos sociales en la Argentina, tanto los que existen entre el Estado y los privados como los que se establecen entre los privados. Esa desconfianza no solo abarca la macrocorrupción, sino también la microcorrupción, que compromete en mayor o menor medida a todos los habitantes de nuestro país. Y sin confianza entre las partes, no hay contrato posible.

Las encuestas de opinión nos muestran que a la mayoría de la población le preocupa más la situación económica que la corrupción. Pero la realidad es que no se pueden resolver las cuestiones económicas de fondo si no se encara decididamente el tema de la corrupción. Es imposible que una sociedad se desarrolle sin respeto por la ley, con una justicia ineficaz y corrupta, y sin pactos mínimos de gobernabilidad a largo plazo. Siempre inmersos en las urgencias del momento, perdemos de vista sus causas estructurales. Nos enredamos discutiendo dicotomías ideológicas, cuando en realidad la verdadera grieta a la que se enfrenta la Argentina es la que se da entre una sociedad prebendaria y otra no prebendaria, revelando la inexistencia de un contrato social integrador. ¿Cómo se desenvuelve este mecanismo? La corrupción activa la desconfianza y la incertidumbre, ante todo por la discrecionalidad de las decisiones de los actores públicos, semipúblicos y privados, convirtiéndose entonces en una de las principales barreras para el desarrollo. Nuestro planteo es que no habrá desarrollo económico ni humano si la sociedad no se opone firme y proactivamente a la corrupción. Las consecuencias de la corrupción las padecemos todos. Su costo no está dado solo por los recursos que se detraen del Estado: el impuesto con el que la corrupción golpea al sector privado se traduce en menor inversión, menor crecimiento y menores ingresos para la sociedad. La incertidumbre legal que genera también implica horizontes de inversión más cortos, comprometiendo la calidad de las inversiones y la productividad general.

La corrupción a su vez conlleva una peor asignación de recursos toda vez que la inversión se orienta a sectores con rentas extraordinarias (por ejemplo, vía sobreprecios) en lugar de a sectores prioritarios. Al responder a los intereses prebendarios, el Estado se aleja de sus metas de utilidad social y compromete su propia planificación de largo plazo. Ello resulta en un gasto público desmedido, una presión tributaria insostenible y desequilibrios que vuelven ineficaz el gasto social. En estas condiciones, no debería sorprendernos que nuestro país se halle frente a recurrentes crisis fiscales y de financiamiento externo que conducen a la devaluación crónica de la moneda, alejando al país de su potencial de desarrollo. La debilidad crónica de nuestra moneda es justamente lo que mejor simboliza la ausencia de un contrato social. La moneda presupone la confianza pública para que funcione como unidad de medida, como medio de pago y como reserva de valor. Los excesos de generación de moneda, repetidos a lo largo de décadas, conducen a la pérdida de su poder adquisitivo, que sacuden con mayor fuerza a los sectores de menos recursos y llevan a perder la confianza en su función como reserva de valor. El hecho de que en nuestra sociedad uno de los bienes más preciados, tanto en lo simbólico como en lo real, como es el caso de la vivienda, se compra y se vende en una moneda que no es la del país, nos dice claramente que el contrato social, como mínimo, está muy devaluado. Estas crisis y devaluaciones a repetición abren grietas sociales y políticas de todo tipo, las cuales, en un círculo vicioso, impactan a su vez negativamente en la economía. ¿Terminará entonces imponiéndose el derecho del más fuerte? ¿El del más astuto? ¿Primará una dictadura de los poderes personales y no el imperio de leyes por todos acordadas? ¿Queremos tener una vida carente de sentido moral? ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación que jaquea a nuestra sociedad civilizada? La fuerza con la que se han destapado distintos entramados de corrupción nos presenta una oportunidad única para darle batalla y revertirla. Necesitamos sustituir pronto las oscuras viejas reglas de juego -tanto implícitas como explícitas- por otras nuevas y más transparentes, a fin de superar cualquier potencial parálisis del país y de la misma lucha contra este mal. Deben plantearse nuevos liderazgos e instituciones que desplacen a las viejas estructuras corruptas. La titánica contraposición de intereses en juego implica que se trata de una confrontación radical en la sociedad. Y si la sociedad civil no alza su voz, está otorgando impunidad a los corruptos.

Tenemos que tomar conciencia de la gravedad de la enfermedad que padecemos, así como de la urgencia y oportunidad que se nos presenta para combatirla. La corrupción es un organismo vivo que se adapta, se reproduce y se expande. Existen estrategias para combatirla, pero para que sean eficaces es preciso que se tome una decisión previa de combatirla por parte de la sociedad. La educación, la comunicación y la acción social, como motores de un compromiso colectivo, deben ser los pilares en esta batalla.

El nuevo contrato social que necesitamos exige que, independientemente de nuestras ideas políticas y proyectos, elijamos mayoritariamente decirle "no" a la corrupción en nuestra vida individual y colectiva. Es la manera de expresar que deseamos ante todo un país civilizado, libre y justo. Queremos plantear un nuevo paradigma: no hay desarrollo económico posible con corrupción. La alternativa es conformarnos con un destino de miseria económica y moral. Serebrennik es ingeniero agrónomo y Calles, licenciado en Economía (lanacion.com.ar)
Maria Josefina Ramos es traductora pública de Inglés y periodista.

Su trayectoria periodística abarca el período 1970-1985, como analista política y cronista parlamentaria desde el Congreso Nacional para varias radioemisoras del interior del país y también para el vespertino La Razón.

En 1975, fue distinguida con una beca como periodista parlamentaria por la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas para cubrir la XXXI Asamblea General de la ONU.

Es creadora y directora de Plataforma Cero.