Plataforma Cero
Publicación Mensual
Año 16 | Número 187 ENE 2019

Macri pudo con el conurbano, no con la pobreza
Francisco Olivera para La Nacion
29 de diciembre de 2018


Dicen en las cadenas de supermercados que este fue el diciembre más tranquilo de la era Macri. La sentencia, que coincide con la de intendentes del conurbano, incluye una aparente contradicción: aunque subió la pobreza y fueron mayores los pedidos de comida y asistencia social, 2018 está a punto de terminar sin incidentes ni saqueos. La policía bonaerense suele marcar el fin del calendario provincial todos los 24 de diciembre a las 18, hora a partir de la cual si todo transcurrió en tranquilidad, dicen, el año podrá darse por cerrado.
Para la Casa Rosada fue un respiro. Y, al mismo tiempo, la ocasión para anunciar esta semana aumentos de tarifas en electricidad, gas y transporte, algo imposible en otro escenario. "Justo cuando estamos haciendo un esfuerzo para contener la situación social", protestó ayer en Radio Mitre Gabriel Katopodis, intendente de San Martín, que se sumará a una demanda colectiva de unos 40 jefes comunales peronistas contra el tarifazo.


La provincia de Buenos Aires ha sido siempre una fuente de sorpresas. El establishment deberá revisar por doble vía un prejuicio con que recibió a Macri: más que a la pobreza, el heredero de Socma parece haberle encontrado la vuelta al conurbano. Y eso que, como dio a conocer esta semana la UCA , hay en el país 1,5 millones de personas con hambre. A principios de septiembre -todavía con el desconcierto que empezó con una corrida, se llevó puesto a dos presidentes del Banco Central y explotó el fin de semana en que cuatro dirigentes afines a Cambiemos rechazaban la oferta de ser ministros- estas cuestiones se trataron en los ministerios de Seguridad y Desarrollo Social. Eran momentos de tensión extrema: se habían detectado focos de tensión sin consecuencias serias en algunos supermercados mientras, al mismo tiempo, se tomaba nota de un crecimiento en la asistencia a los comedores de la provincia. En la cartera que conduce Carolina Stanley analizaron entonces los potenciales peligros sobre la base de tres sectores a los que en adelante deberían prestarles atención:

1. Las organizaciones sociales de buena relación con la Iglesia. En el Gobierno los llaman "los cayetanos", porque empezaron a congregarse en 2016 todos los 7 de agosto en marchas desde ese santuario de Liniers. Los funcionarios decidieron intensificar los contactos con el Episcopado, en cuya órbita sigue operando Juan Grabois , secretario de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), convencidos además de que el envío de fondos a estas entidades actuaría seguramente como incentivo adicional e implacable.

2. Las organizaciones kirchneristas. En el Gobierno están convencidos de que la aspiración de llegar a las elecciones de octubre próximo con posibilidades de ganar disuadió a Unidad Ciudadana de aprovechar el conflicto callejero. Ya a mediados de noviembre Andrés Larroque, uno de los líderes de La Cámpora, le daba al asunto una explicación distinta: "A diferencia de 2001, hoy hay canalización política: está Cristina como horizonte de salida. Eso mengua la posibilidad de un estallido", le dijo al periodista Diego Schurman en radio Milenium.

3. Las organizaciones de izquierda. El Gobierno consideró en todo momento que, si bien siempre estuvieron y están en condiciones de provocar incidentes, carecen de volumen y de "estrategia de conflicto abierto".


Los operadores del macrismo se movieron desde entonces a partir de estas presunciones. Contaban además con la preocupación de la comunidad internacional acerca del normal desarrollo del G-20, perturbación que trascendió especialmente de diplomáticos norteamericanos, prestos incluso a reunirse con líderes de movimientos sociales. Hay algo que los republicanos ya saben de la Argentina, el segundo país más demandante de visas del mundo: más allá de las declamaciones antiimperialistas, pocos dirigentes están dispuestos a aceptar que se les niegue el ingreso a los Estados Unidos.
La estrategia se completó con el reparto de cuantiosos recursos en el conurbano. Pablo Fernández Blanco obtuvo mediante un pedido de informe algunas cifras, que publicó hace dos semanas en LA NACION: desde el Ministerio de Desarrollo Social se enviaron a los 39 municipios más candentes de la provincia de Buenos Aires unos 1500 millones de pesos por mes en concepto de planes sociales por fuera de la Asignación Universal por Hijo. A diferencia de otros años, la asistencia tuvo durante este diciembre un refuerzo adicional: además de una partida antes de Navidad, se mandó otra hace pocas horas para no entorpecer el festejo de Año Nuevo.

En algunas municipalidades macristas toman esta paz transitoria como la ratificación de un rumbo. También como cambio de paradigma en la dirigencia bonaerense: no existe hoy ningún caudillo en condiciones de prender fuego la provincia de Buenos Aires ni nadie dispuesto a exponerse como referente de un distrito ingobernable. La vieja imagen del jefe comunal eterno, corrompido y de múltiples conexiones con las fuerzas de seguridad fue dejando paso a dirigentes que deben lidiar con problemas propios de la gestión, conscientes a la vez de una limitación temporal: hace dos años, la Legislatura bonaerense convirtió en ley un proyecto del Frente Renovador que elimina las reelecciones indefinidas para intendentes y legisladores. Un punto a favor de la renovación, que obliga a que en 2023 no quede ninguno de los protagonistas actuales, pero que inquieta al mismo tiempo a quienes advierten los riesgos de la medida: ¿no era mejor aplicar esa depuración de un modo gradual o escalonado en la provincia inviable? ¿Qué será de un conurbano con mayoría de debutantes?

Esa proyección, de larguísimo plazo en una Argentina siempre abocada al presente, convive con otra más estructural que deslizan intendentes macristas y que es la contracara de la lluvia de recursos con que se evitó el incendio: ¿cómo volver de una cultura del no trabajo que exhibe desde hace tiempo a jóvenes vagando por las calles sin hacer nada durante todo el día, la mayor parte de ellos noctámbulos y expuestos permanentemente a la inseguridad desde cualquier ángulo? En Lanús, uno de los distritos más complicados, celebran haber tenido en diciembre una baja significativa en los homicidios, aunque lo atribuyen en parte a condiciones meteorológicas: en las dos primeras semanas del mes, el frío y la lluvia disuadieron a vecinos de zonas marginales de sacar sillas y mesas a la vereda, ámbito donde no siempre se convive en armonía. Triste alegoría del conurbano, abandonado siempre a los designios de la Providencia. (lanacion.com.ar)


La increíble impunidad de Cristina
Joaquin Morales Solá para La Nacion
23-12-2018


Cristina Kirchner debería estar presa desde hace 48 horas. No por algunas de sus decisiones políticas, discutible si son justiciables o no, sino por la investigación más profunda que se haya hecho sobre el robo del dinero público durante 12 años. Una segunda instancia judicial, la Cámara Federal conformada por dos jueces, confirmó la decisión de Claudio Bonadio de procesarla y dictarle prisión preventiva. Son ya tres, entonces, los magistrados que concluyeron que ella debe estar en la cárcel. El peronismo del Senado no aportará los dos tercios de los votos que se necesitan para su desafuero y para que definitivamente vaya a prisión. Esa mayoría especial requiere del peronismo; sin él, es imposible alcanzarla. Cristina no es ya una cuestión de la Justicia, sino de la política. Los matices del peronismo se desvanecen cuando se trata de protegerla. Más pronto que tarde, el justicialismo pagará con moneda política esa decisión de auxiliar con increíble empeño a la expresidenta. El peronismo está votando una virtual amnistía para Cristina por descarados hechos de corrupción, no por lo que hizo en la política. La teoría de los senadores peronistas (no hay cárcel para ellos sin sentencia definitiva) no está escrita en ningún lado. Es un acuerdo de palabra que beneficia a los corruptos y perjudica a los inocentes.

Cristina Kirchner ha conseguido, tres años después de perder el poder, retener el protagonismo político, judicial y económico. Su presencia tan destacada como inexplicable en las encuestas explica en parte la espectacular suba del riesgo país, que obligó al gobierno de Mauricio Macri a suspender el programa de obras públicas con la participación conjunta del Estado y los privados. No es ella el único factor que convirtió a la Argentina en un país con satelitales índices de desconfianza. Pero ella es la que agrava los otros factores, que son varios. ¿Ejemplos? La historia del país, con un monumental default declarado alegremente hace 17 años por un peronismo irresponsable y que solo se resolvió hace dos años. La deuda pública, que significa un alto porcentaje del PBI. Un único prestamista (el Fondo Monetario) que ya prestó todo lo que podía. El país está en recesión y la reactivación de su economía será lenta después del severo ajuste dispuesto por el Gobierno. La inversión cayó. Es perceptible también en los mercados cierto hartazgo con la volatilidad permanente de la Argentina. Siempre entre el cielo y el infierno. Los argentinos estamos acostumbrados a respirar bajo el agua, pero los extranjeros no tienen por qué someterse a ese cruel ejercicio. El remate de esa sucesión de factores es Cristina, en un duelo de iguales con Macri cuando falta menos de un año para las elecciones presidenciales. Cristina no es el nombre de una solución; es el nombre del problema.


La resolución de la Cámara Federal permite sacar algunas conclusiones. La primera de ellas es que la Justicia está en condiciones, cuando quiere, de investigar y decidir con rapidez. El juez Bonadio y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo hicieron y concluyeron la primera fase de la investigación en apenas seis meses. Ese primer tramo, que es el que se decidió el jueves, se refiere a la asociación ilícita y el cohecho, la manera elegante como el Código Penal llama al pago de coimas. Ese tiempo tan corto contrasta con la misma Justicia que esperó 23 años para decidir si Menem era culpable o no en el caso del contrabando de armas a Ecuador y Croacia. O con los 14 años que demoró para establecer que el infaltable Luís D'Elía debe ir preso por la toma de la comisaría de La Boca en 2004, que fue filmada y fotografiada. Pruebas no faltaban. Esa causa pudo prescribir, pero el propio D'Elía se encargó de mantenerla abierta cuando le pegó una trompada a un productor agropecuario en la Plaza de Mayo, en medio de la guerra cristinista contra el campo.

La Cámara Federal construyó dos bloques muy claros. Uno es el de los funcionarios y empresarios que se agruparon como una banda para robar dinero del Estado (asociación ilícita); otro bloque es el de los empresarios que fueron extorsionados o coaccionados para pagar coimas (cohecho). La diferencia entre los dos delitos está en la pena mínima más que en la máxima. La pena mínima de asociación ilícita es de tres años; no hay posibilidad de una prisión en suspenso, porque las condenas de tres años o más deben cumplirse efectivamente. La pena mínima del cohecho es de un año y, por lo tanto, la prisión puede ser en suspenso. Es decir, el condenado puede estar en libertad mientras cumple la pena, siempre que no exista otra condena por cualquier otro delito. Sin embargo, es poco probable que un condenado por el pago de sobornos, que no se haya incorporado al régimen del arrepentido, reciba una pena menor a los tres años. Los arrepentidos tienen el beneficio, como en los sistemas judiciales de los países más avanzados del mundo, de una pena menor por los aportes que hicieron a la investigación. La diferencia es esa, pero el cohecho (o el pago de coimas , en su versión más prosaica) significa también una severa condena moral a los que son acusados o condenados por ese delito. Ni siquiera sirvieron para la Cámara los argumentos de la extorsión o la coacción.

Otro aspecto importante del escándalo es el nulo papel que jugó el Gobierno en la investigación. Nadie puede decir que tiene influencia en Bonadio o en los fiscales Stornelli y Rívolo. Pero también es cierto que la administración de Macri se fue enterando de las novedades por los medios periodísticos. Es un progreso institucional importante que marca un contraste definitivo con los años del peronismo, haya sido este menemista o kirchnerista. El Gobierno estuvo tan ajeno al asunto que la familia del Presidente (su padre y su hermano) fueron citados por Bonadio por un informe impreciso del Occovi, un organismo que depende del propio Gobierno y que sirve para el control de las concesiones viales. Macri se enteró por los diarios de que Franco y Gianfranco Macri habían sido citado a los tribunales. Nunca supo nada del informe del Occovi a Bonadio; los Kirchner controlaron en su momento ese organismo con uno de sus principales operadores, Claudio Uberti, miembro de la asociación ilícita que determinó la Cámara Federal.

Una conclusión no menor es el papel que juega el periodismo de calidad en tiempos de información abundante y caótica. Diego Cabot, que se convirtió con este caso en uno de los mejores periodistas del país, retuvo la primicia en sus manos durante más de dos meses, hasta que comprobó él mismo que lo que decía el chofer Oscar Centeno en su cuadernos era cierto o verosímil. Siguió guardando el eventual galardón de la primicia, con el riesgo de perderlo, mientras la Justicia hizo sus propias investigaciones en medio del secreto. Al final de ese proceso, los lectores se enteraron de una verdad irrefutable, corroborada el jueves por una segunda y decisiva instancia de la Justicia. No es poco en un mundo en el que las redes sociales han diversificado las fuentes de información, aunque difunden muchas veces noticias inciertas e improbables como verdades absolutas. El exceso de información (o la mala información) puede parecerse mucho a la desinformación.

A Bonadio, Stornelli y Rívolo les queda mucho trabajo por delante. Este fue solo el primer tramo, que irá pronto a juicio oral. Todavía deben investigarse los delitos de administración fraudulenta y de cartelización de la obra pública , entre varios más. Otra vez funcionarios del kirchnerismo y empresarios desfilarán por los tribunales. Esta historia no terminó. (lanacion.com.ar)


Editorial: Boudou: la violencia de la impunidad
Debido a una nefasta tradición de ausencia de castigos, la momentánea liberación del exvicepresidente es otro motivo de profunda frustración social
La Nacion
13-12-2018


La liberación bajo fianza que el Tribunal Oral Nº 4 concedió al exvicepresidente Amado Boudou causa irritación no solo en el Gobierno, sino también en una sociedad harta de la impunidad y de los largos tiempos de la Justicia para fallar en casos de corrupción que involucran a importantes personajes. Boudou había sido condenado a 5 años y 10 meses de prisión por encontrárselo culpable de recibir sobornos y realizar negociaciones incompatibles con la función pública relacionadas con la eximprenta Ciccone. El exvicepresidente solo cumplió prisión preventiva durante cuatro meses porque su condena no se encuentra firme, ya que fue apelada. El mismo tribunal que lo condenó es el que luego le concedió la libertad bajo fianza y con la obligación de usar una tobillera electrónica para un monitoreo permanente. El cambio de tesitura obedeció a que en esos cuatro meses cambió la integración del tribunal oral. Uno de los tres integrantes, Néstor Costabel, votó en disidencia, al considerar fundadamente que no había que revisar la situación de Boudou, pues ya había sido evaluada por el tribunal luego de la condena y por la propia Cámara de Casación, que rechazó el recurso.

También influyó en la liberación el procesamiento del banquero Jorge Brito en la causa Ciccone II, resuelta por el juez federal Alfredo Lijo. En su resolución, ese magistrado no ordenó la detención del banquero, medida que hubiera correspondido si entendía que Brito podría aprovechar su libertad para entorpecer el avance de la causa o para profugarse. Como informó ayer LA NACION, la defensa de Boudou consideró que ese argumento podía aplicarse al exvicepresidente para obtener su excarcelación. Y así fue. La causa Ciccone fue uno de los primeros grandes escándalos del kirchnerismo, y en su momento Boudou maniobró con furia y saña para procurar zafar. Logró, por ejemplo, la renuncia del entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, tras acusarlo falsamente. También consiguió el apartamiento de un juez federal. Lo que ha obtenido este oscuro personaje que se pavoneaba gracias a una impunidad que no nacía de su peso político -un peso que, por otra parte, jamás tuvo, sino que le era concedido por la entonces presidenta Cristina Kirchner- es solo un poco de tiempo hasta que la Justicia se expida sobre su condena.

Son varias las causas aún en marcha en distintas etapas procesales que comprometen aún más el futuro de Boudou. Además de estar investigado por favorecer a la empresa The Old Fund, que intervino en la renegociación de la deuda de Formosa, deberá comparecer en un juicio oral acusado por la compra directa de 19 automóviles oficiales de alta gama sin licitación cuando era ministro de Economía. Pesan sobre él, también, la imputación de falsificar facturas en la rendición de viáticos correspondientes a viajes oficiales a Europa, la compra de acciones con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y la adulteración de documentos para transferir un vehículo. Esta densa "foja de servicios" en el campo del aprovechamiento de los cargos oficiales a costa de los fondos estatales, sumada a su caradurismo, es la causa de que su liberación irrite, genere frustración y se la interprete como un pésimo ejemplo ético. Más allá de que las razones esgrimidas para concederla se ajusten a derecho, es fácil advertir que el abuso en el otorgamiento de impunidad en casos de corrupción en que han incurrido algunos juzgados federales provocan hartazgo, frustración y violencia moral en la ciudadanía. Son demasiado escasas las condenas con prisión que produce nuestra Justicia Federal en casos similares y nunca recaen sobre exfuncionarios de peso.

Es preciso ahora que la Justicia no demore la revisión de la condena que ha recibido Boudou, para que su liberación no se transforme en un inexplicable premio, absolutamente inmerecido. (lanacion.com.ar)


¿El fin de la República?
De barrabravas a bidets.
Alejandro Borensztein para Clarin
8-12-2018


Los amargos de siempre suelen quejarse de que en la Argentina no hay políticas de Estado y que cada gobierno, cuando llega al poder, cambia todo y hace lo que se le da la gana. Puede ser que no las tengamos en materia de educación, energía o relaciones exteriores. Tampoco es tan grave que digamos. Lo que sí podemos decir es que el país tiene políticas de Estado en aquellas cosas realmente importantes o en las que particularmente nos destacamos. Eso es lo que vale y lo que hay que proteger. ¿De qué estamos hablando? Ni más ni menos que del barrabravismo. Una actividad en la que los argentinos hacemos punta.

Si bien la cosa viene desde mucho tiempo atrás, el kirchnerismo potenció el desarrollo de las barras con diversas medidas inclusivas de matriz productiva y diversificada. Por ejemplo, la creación de Hinchadas Unidas, el empoderamiento de estas organizaciones para su uso político, el financiamiento de los viajes a los mundiales y a otros eventos internacionales de intercambio cultural y el compromiso de tantos funcionarios de aquel gobierno con los miembros de la comunidad barrabrava. También implementó una exitosa medida proteccionista al prohibir las hinchadas visitantes evitando de ese modo que las especies se exterminen mutuamente. Ya sea en formato de ONG, Pyme o simplemente como crimen organizado, sin duda el barrabravismo fue uno de los logros de la década ganada.

Cuando ganó Cambiemos se temió que esta actividad pudiera ser perseguida o al menos dejara de ser fomentada. ¿Se le quitaría el apoyo a esos emprendedores que flamean erguidos y de espalda sobre los paravalanchas de las tribunas, como muy bien lo definió en su momento y por Cadena Nacional Cristina Fernández? ¿Estábamos nuevamente ante la incapacidad de mantener políticas a largo plazo? ¿Era este gobierno otro más que llegaba y tiraba a la basura todo lo que hizo el anterior?

Por suerte no. Después de tres años ha quedado demostrado que el gobierno de Macri no solo le ha dado continuidad al proyecto barrabrava de Cristina sino que lo ha mejorado y le ha dado un nuevo impulso. El episodio del malogrado partido en el Monumental es un hito que engalana la historia de Los Borrachos del Tablón e incrementa el valor de La Doce, la Guardia Imperial y otros unicornios. Al menos en este aspecto, seguimos siendo la envidia y el asombro del mundo. La relación política/fútbol/bombo/manopla ha sido siempre exitosa. Desde Luis Barrionuevo en Chacarita a Moyano en Independiente pasando por Aníbal Fernández en Quilmes, Néstor y Máximo Kirchner en Racing o Sergio Massa en Tigre. Hasta Tinelli, que ahora quiere incursionar en la política, arrancó por el camino más lógico. ¿Se inscribió en la École Nationale d'Administration de Francia? ¿En la sede de Paris? ¿En la sede original de Estrasburgo? No. ¿Para qué? Se metió directo en San Lorenzo con todo el aguante de la Gloriosa Butteler (así se llama la barra del Ciclón). No sé que espera el presidente Macri para involucrarse con algún club como, por ejemplo, Boca Juniors y darle así el espaldarazo final a este emblema de la cultura nacional transformado en un pujante sector de la economía argentina. Cabeza a cabeza con la soja.

Por más que Lilita insista en hablar de "las mafias del fútbol" y difame gente gratuitamente denunciando la relación del gobierno con Angelici o con otros emprendedores, el desarrollo del barrabravismo ya está consagrado como una política de Estado inamovible.

Sin embargo, cuando todo venía perfecto y en el mejor momento, el diablo metió la cola y una estrafalaria propuesta del gobierno ha puesto en riesgo el esfuerzo de décadas: el Poder Ejecutivo Nacional ha presentado un proyecto de ley para perseguir a los barrabravas. Insólito. En lugar de resolver lo que anda mal, que es casi todo, nos metemos con una de las pocas cosas que andan bien. Seguramente es una clásica maniobra electoral y demagógica que después quedará en la nada. Pero ya puso en jaque a una de las pocas políticas de Estado que supimos construir mellando aún más la poca confianza que los inversores le tienen a la Argentina. ¿Significa esto la debacle de la República? No lo sé, pero puede ser el comienzo.

Por suerte, el sentido de responsabilidad de varios diputados peronistas y kirchneristas, e inclusive algunos del oficialismo, frenó temporariamente la iniciativa. En principio, bloquearon el proyecto con la excusa de que las penas que se pretendían aplicar a los barras eran excesivas. No trascendieron los nombres de los diputados que frenaron el proyecto. Un pena. Seguramente por humildad. O para evitar que los ovacionen por la calle al grito de ¡ahí va el diputado Lagarompa que ayuda a los barrabravas! Será cuestión de resistir, dejar que pase el tiempo y todo quede en la nada. Como bien dice Enrique Pinti, pasan los gobiernos quedan los artistas. Y los barrabravas.


¿Es esta la única política de Estado que peligra? No. Hay otra política de Estado a la que le han dado un golpe letal: el uso del bidet. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Legislatura porteña acaban de aprobar un nuevo Código de Construcción que anula la obligación de instalar el bidet en los baños. Para quienes no lo saben, el bidet es un artefacto sanitario que se utiliza en la Argentina y en muy pocos países más. No se usa ni en Europa, ni en EE.UU., ni en Asia. Pocas cosas hablan tan bien de la argentinidad como el buen uso que nosotros le damos a este artefacto imprescindible desde tiempos inmemoriales. Podemos decir sin exagerar que después de la educación pública, gratuita y obligatoria, no hubo otra política de Estado con tanta continuidad como el uso del bidet. Sin embargo, a partir de ahora, con el nuevo Código, podrán construirse viviendas sin ese pequeño pero cumplidor ayudante. Un espanto. Una verdadera catástrofe tanto para la dama como para el caballero. Ni la dictadura militar se animó a tanto. Es verdad que ahora se venden inodoros que cumplen ambas funciones. Pero cuestan mas de 100.000 pesos cuando un bidet convencional lo conseguís por 4 lucas. O sea que mientras los ricos van a poder andar cómodos por la vida, los pobres van a padecer aún más de lo que ya padecen.

Décadas de peronismo han condenado a la mitad del pueblo argentino a vivir sin cloacas. Y ahora, en solo tres añitos de Cambiemos, también los dejamos sin bidet. Después no se quejen cuando ganan los Bolsonaros. Ahora se entiende porque el presidente Macri no aprovechó el G20 para proponer el uso mundial del bidet y así pasar a la historia de la humanidad. Una pena. Hubiéramos tenido el apoyo de todos los países. ¿Quien se iba a negar a semejante alivio? Es obvio que no lo propuso porque él ya sabía lo que tenían planeado Larreta y su equipo de roñosos. Ni hablar del negocio que nos perdimos. Entre China y la India tenés 2.800 millones de ñatos. ¡Sin bidet! Vendiéndoles 1 bidet cada diez habitantes, a 50 dólares la unidad (le hacemos precio por cantidad), juntábamos… ¡¡14.000 palos verdes!! O sea 530.000 millones de pesos. Con eso ya cerrabas el déficit fiscal sin necesidad de hacer ningún ajuste ni consultarle nada a Melconian.

Finalmente y uniendo ambos temas, con la persecución a los barras y la eliminación del bidet nos enfrentamos a un grave problema institucional. ¿Adonde piensan que van a llegar nuestros políticos sin el apoyo de los barrabravas y con el chichipio sucio?

La combinación de ambas medidas puede ser fatal para la República. Ojalá la resistencia popular logre impedirlo. Hoy más que nunca, el pueblo debe salir a la calle con sus históricas cacerolas al grito de "váyanse a lavar el upite". Con los valores republicanos y la identidad nacional no se juega. (clarin.com)


Duro informe de Elisa Carrió contra el Poder Judicial: "Cierran las causas sin investigar o las dilatan"
El documento resume el estado de las 110 denuncias penales presentadas por la Coalición Cívica y critica que "el total de causas elevadas a juicio resultan ser tan sólo cuatro"
INFOBAE
7-12-2018


Uno de los caballos de batalla de Elisa Carrió y los integrantes de la Coalición Cívica es la lucha contra la corrupción mediante denuncias en la Justicia. En esa línea, la aliada del Gobierno siempre pone la mira en el funcionamiento del Poder Judicial respecto de esas causas. Ahora, el partido que lidera la legisladora presentó un informe en el cual resumió el estado de los casos por crimen organizado y corrupción, y también dejó una serie de cuestionamientos a los tiempos y otras falencias de la Justicia.

"La Justicia cierra las causas sin investigar o las dilata, por falta de libertad para avanzar en las investigaciones, o falta de valentía y, en algunos casos, a cambio de beneficios personales o lucro", se lee en uno de los primeros párrafos del duro informe en el que se exponen "luces y sombras de la Justicia argentina", tal como fue titulado. El documento presentado por la CC también resaltó que "las causas no suelen avanzar en contra de funcionarios que pertenecen al poder de turno, o tienen la cobertura del mismo, y en los pocos casos que proceden suele ser cuando toman estado público y los jueces se sienten muy observados por la opinión pública, o se acerca el final de un gobierno. Esto ha convertido a la Argentina en un país al margen de la ley". A propósito, ejemplificó con la reciente absolución a Carlos Menem en la causa por presunto contrabando de armas: "Ocurren hechos escandalosos como el del ex Presidente Menem, quien fue absuelto por la Cámara de Casación luego de más de veinte años de dilatar injustificadamente la investigación sobre el contrabando de armas. Por lo que, por supuesto, diputados del bloque de la Coalición Cívica-Ari le han pedido el juicio político a los magistrados Catucci, Riggi y Mahiques, así como hemos promovido otros tantos pedidos de enjuiciamiento en contra de Jueces y Fiscales de todo el país".

En el escrito también se recuerda la causa conocida como "Triple Crimen de General Rodríguez", y explica: "La causa de la efedrina, el financiamiento de las campañas electorales por parte del narcotáfico (…) se encuentran entrelazados en la referida trama configurada por el crimen organizado/poder político/impunidad otorgada por la Justicia". En este marco, el documento al que suscribe Elisa Carrió no deja de mencionar especialmente a un ex funcionario: "Ello explica que Aníbal Fernández sea una de las personas más impunes del país".

El informe fue acompañado por un extenso cuadro que sintetiza el estado de las 110 denuncias penales presentadas por la CC. El documento alerta que, de todas ellas, "dieciseis fueron archivadas inmediatamente y ocho fueron cerradas sin ningún tipo de investigación, hasta cinco años después, por supuesta inexistencia de delito. Se mantuvieron activas sólo en apariencia, pero sin desplegarse ninguna actividad jurisdiccional real. Incluso hay muchísimas causas que recién después de cuatro o cinco años se resolvió qué el juzgado interviniente. Por el contrario, el total de causas elevadas a juicio resultan ser tan sólo cuatro, sin contar ninguna con sentencia firme".

El texto continúa haciendo énfasis en los llamativos tiempos de la Justicia: "Las causas que continúan en la etapa de instrucción ascienden a 82, incluso cuando algunas datan de los años 2006 y 2008, como la denuncia por el vaciamiento de YPF y la mega causa por asociación ilícita". Sobre el final, describe que, en base al análisis expuesto existe un "cuadro muy poco alentador respecto del funcionamiento principalmente de la Justicia Federal". De todos modos, se hace una salvedad al subrayar que se detecta una "contracara en los resultados observados en los últimos años. No debe omitirse un hecho relevante: durante el período 2016/2018, muchos de los denunciados por la diputada Elisa Carrió y la Coalición Cívica han sido imputados, procesados e incluso se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Es el caso de Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Claudio Uberti, Rudi Ulloa Igor, Cristóbal López, Lázaro Baez, Carlos Wagner, entre otros".


La Argentina, otra vez en la encrucijada
Nos consumimos en una parla machacona sobre la coyuntura y no nos damos espacio para el debate de las ideas de fondo, lo que nos condena a repetir errores
Alberto Benegas Lynch (h) para La Nacion
3 de diciembre de 2018


Para salir adelante y sortear obstáculos, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Venimos a los tumbos desde hace demasiadas décadas. Hay aquí un asunto clave. Muchas personas estiman que los entuertos los deben resolver otros. Consideran que están ubicados en una inmensa platea y que los actores son los que están en el escenario. Ortega y Gasset ha sido muy claro: "Si usted quiere aprovecharse de las ventajas de la civilización, pero no se preocupa usted por sostener la civilización, se ha fastidiado usted. En un dos por tres se queda sin civilización". En esta misma línea argumental los padres fundadores en EE.UU. insistían en que "el costo de la libertad es su eterna vigilancia". El problema central que nos aqueja es la dimensión elefantiásica del aparato estatal, que en lugar de preservar y garantizar derechos los conculca a manos de mandones de distintas características, pero que consideran que sus semejantes son infradotados para manejar sus vidas, haciendas y la educación de sus hijos, por lo que, aun con las mejores intenciones, el Leviatán irrumpe en escena y todo lo engulle a su paso.

Saint-Exupéry da en la tecla con la mirada típica del aludido mandamás: "¡Ah -exclamó el Rey al divisar al Principito-, aquí tenemos un súbdito! El Principito se preguntó: '¿Cómo es posible que me reconozca si nunca me ha visto?'. Ignoraba que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos". He aquí el problema. No importa a qué nos dediquemos, sea a la jardinería, la música, el derecho, la economía, el comercio o la literatura, todos estamos interesados en que se nos respete, por lo tanto es obligación moral de cada cual contribuir cotidianamente a que se comprendan los fundamentos de la libertad. La cátedra, el ensayo, el libro y el artículo son los medios más eficaces, pero no los únicos. Por ejemplo, reuniones periódicas de pocas personas para estudiar y debatir temas claves producen un efecto multiplicador notable en medios laborales, sociales y familiares.

Y aquí viene un asunto de la mayor importancia: nos consumimos en una parla machacona sobre la coyuntura y no nos damos espacio para el debate de ideas de fondo, sin percatarnos de que con esta rutina nos estamos condenando a repetir errores. Operamos como el can que se quiere morder la cola en círculos histéricos, en lugar de hacer un alto en el camino y centrar la atención en valores y principios de la sociedad abierta que harán que la coyuntura futura se modifique para bien. No somos capaces de aceptar la respuesta al tan citado y poco comprendido interrogante que se planteaba Alberdi: "¿Qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Lo que Diógenes exigía de Alejandro: que no le haga sombra". Si no entendemos esto, viviremos permanentemente en estados de emergencia y seguiremos repitiendo aquellas sandeces de podar gastos estatales en lugar de eliminar funciones, hacer el gasto gubernamental más eficiente en lugar de comprender que algo inconveniente cuanto más eficiente, peor; enroques de funcionarios en un pesado y contraproducente organigrama, pactos con empresarios prebendarios y sindicalistas basados en legislaciones fascistas, en el contexto de deudas crecientes, impuestos asfixiantes y una economía cerrada para "vivir con lo nuestro".

Y todavía cuando se presentan temas de fondo para salir del atolladero hay quienes tildan con sorna la propuesta de "principista, carente de tacto político y practicidad", sin anoticiarse de que nada hay más práctico que una buena teoría y que todo lo que usamos, desde la computadora hasta la medicina, la alimentación y el transporte, ha sido la consecuencia de la elaboración de teorías. Es curioso, pero estos críticos son como el perro del hortelano, no dejan hacer y tampoco hacen. Se enfadan con lo que sucede y con lo que se sugiere para modificar los sucesos del momento. Me limitaré a un ejemplo de tantos susceptibles de ilustrar la tensión brutal entre la coyuntura y el debate de ideas de fondo. Sin duda debe transmitirse y conocerse el día a día, pero es indispensable analizar y discutir ideas de fondo que ayuden a dar un volantazo a nuestro estancamiento, que ya va siendo crónico. El ejemplo son las mal llamadas empresas estatales. Mal llamadas porque la característica medular de un emprendimiento empresarial estriba en que se asumen riesgos con recursos propios y no a la fuerza con el fruto del trabajo de los vecinos. Además, la misma constitución del emprendimiento político de marras inexorablemente significa que se han alterado las prioridades de la gente en cuanto a sus preferencias, puesto que si se procede en la misma dirección de lo que el público prefiere, no tiene sentido la intervención para duplicar esfuerzos con el consiguiente ahorro de gastos administrativos. Incluso si la "empresa estatal" arrojara ganancias (lo cual es muy poco probable), debe preguntarse si las tarifas no serán demasiado elevadas, puesto que la única manera de saber acerca de la conveniencia de lo que se cobra es la competencia en el mercado abierto. Nunca en la presencia estatal hay competencia, puesto que para proceder en ese sentido hay que competir, lo cual se traduce en la eliminación de todo privilegio que significa sacar la actividad de la órbita política.

Resultan tragicómicas las declaraciones sobre las faenas para que la empresa política resulte eficiente sin comprender que el asunto es de incentivos: la forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma en la empresa privada que en la pública. Los incentivos en las auditorías para evitar corrupciones no son los mismos en un sector que en otro. Viene al caso recordar la figura tan demostrativa de Garret Hardin de "la tragedia de los comunes" en cuanto a que lo que es de todos no es de nadie, enseñanza que se remonta a los escritos de Aristóteles. Por supuesto que si se traspasan las así denominadas empresas estatales a monopolios privados la situación empeora, ya que en el sector privado sabrán sacar mayor tajada del privilegio, con lo que los ciudadanos se verán aún más explotados y vejados. De lo que se trata es de vender al mejor postor sin condición de ninguna naturaleza en un mercado abierto local e internacionalmente, al efecto de que la gente pueda sacar la mejor partida posible de ofertas en competencia.

Hay todavía un mito adicional en este capítulo y es el de la tan vapuleada y poco comprendida noción de soberanía. Envolver la telefonía o cualquier otro bien o servicio en la soberanía constituye una sandez superlativa: en última instancia, en una sociedad libre la soberanía reside en los individuos, no en las cosas ni en abstracciones. Hablar de la soberanía de una línea de bandera es tan ridículo como hablar de la soberanía de la lechuga. Por último, es del caso enfatizar, por una parte, que no resulta pertinente hacer referencia a los capitales del sector público, ya que los capitales son siempre privados, solo que en este caso no se asignan voluntariamente, y, por otra, que cuando se hace referencia al mercado se está aludiendo a millones de arreglos contractuales que diariamente la gente lleva a cabo, desde la vianda del desayuno hasta la cama en la que duerme. El mercado somos todos. (lanacion.com.ar)
Maria Josefina Ramos es traductora pública de Inglés y periodista.

Su trayectoria periodística abarca el período 1970-1985, como analista política y cronista parlamentaria desde el Congreso Nacional para varias radioemisoras del interior del país y también para el vespertino La Razón.

En 1975, fue distinguida con una beca como periodista parlamentaria por la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas para cubrir la XXXI Asamblea General de la ONU.

Es creadora y directora de Plataforma Cero.